Una institución llamada Oficina de Protección de los Derechos Educativos se encarga de mantener el control en el entorno escolar, imponiendo disciplina a estudiantes, docentes y familias que rompen las normas. Sus métodos se sitúan al margen de la legalidad, pero su objetivo es restaurar el orden.
En un lugar en el que la autoridad tradicional parece insuficiente, el equipo interviene sin límites, generando un conflicto entre justicia y abuso de poder.