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El martes 22 de septiembre de 1998, el general Augusto Pinochet voló hacia Londres en viaje de placer. Allí descansó unos días. Tomó el té con Margaret Thatcher. Tenía intenciones de visitar París. Pero repentinamente sintió dolores de espalda y se operó en la London Clinic. Cuando despertó fue detenido por la policía. Dos años antes que Pinochet tomara el avión, Carlos Castresana, un joven fiscal en Madrid, descubrió un artículo que permitía a la justicia española actuar en cualquier país donde hubiera delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Animado por un deseo elemental de justicia, este fiscal puso una denuncia contra los militares argentinos y otra contra Pinochet. El juez Baltasar Garzón admitió las querellas. La máquina judicial se puso en marcha. Cientos de víctimas chilenas llegaron hasta Madrid a prestar declaración ante el juez. La gente había perdido el miedo y la justicia chilena recuperó el tiempo perdido.
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